El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera en el distrito de San Isidro. La medida, emitida por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, responde al riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso judicial.
Decisión judicial y argumentos
Durante la audiencia, el juez Adolfo Fernando Farfán evaluó el pedido fiscal y consideró que Villar no cuenta con arraigo laboral ni domiciliario firme, lo que incrementa la posibilidad de que evada la acción de la justicia. Entre los elementos valorados, el magistrado destacó que el uso de un vehículo y la posterior fuga constituyen agravantes suficientes para una pena elevada, sin que sea necesario acreditar consumo de alcohol o drogas.
El juez señaló que Villar huyó a gran velocidad, pasó semáforos en rojo y no socorrió a la víctima, lo que complica su situación frente al peligro de fuga. Además, se consideró que Villar se reunió con familiares y abogados tras el accidente para evitar la detención en flagrancia, en vez de entregarse a las autoridades.
Evaluación del arraigo y peligro procesal
El juzgado desestimó los argumentos de la defensa sobre el arraigo familiar, domiciliario, académico y social del imputado. Se determinó que la relación familiar no es sólida, ya que los padres de Villar mantienen vidas separadas y no existe un entorno familiar estable que reduzca el riesgo de fuga. En cuanto al arraigo domiciliario, se encontraron inconsistencias en la documentación presentada, como recibos de servicios a nombre de terceros y direcciones no coincidentes en los documentos de identidad.
Respecto al arraigo laboral y académico, la judicatura observó que los documentos aportados no demostraban un vínculo laboral vigente. Se presentaron carnés universitarios caducados y propuestas de prácticas preprofesionales sin confirmación de aceptación. Además, el récord migratorio de Villar mostró numerosas salidas al extranjero, lo que evidencia capacidad económica y facilidad para abandonar el país.
El juez también valoró el peligro de obstaculización, señalando que Villar posee la posibilidad y disposición de entorpecer la acción de la justicia. El hecho de haber eludido la flagrancia con ayuda de terceros y de presentarse a la Fiscalía de forma virtual días después del accidente fue interpretado como un intento de evitar una medida coercitiva más gravosa.
Pronóstico de la pena y medida adoptada
Según el análisis judicial, la eventual condena para Villar superaría los cinco años de privación de libertad, con una sumatoria que podría alcanzar los ocho años al considerar los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Por ello, el magistrado resolvió que la prisión preventiva por nueve meses es una medida idónea, necesaria y proporcional ante la gravedad de los hechos y los bienes jurídicos afectados.
El plazo de la prisión preventiva se computa desde la detención de Villar el 26 de febrero y vencerá el 25 de noviembre del presente año. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el establecimiento penitenciario donde el procesado cumplirá la medida.
Reacciones y apelación de la defensa
La defensa de Adrián Villar, encabezada por los abogados César Nakazaki y César Pérez, anunció que apelará la medida de prisión preventiva. Argumentan que Villar cuenta con arraigo familiar y académico, y cuestionan la interpretación judicial sobre la falta de arraigo. La apelación ya fue presentada y se espera la notificación oficial para fundamentar el recurso.
Mientras se define el penal al que será trasladado, Villar permanecerá en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional. Los padres del imputado acudieron a la sede policial, pero no ofrecieron declaraciones a la prensa.
Investigación en curso
El caso continúa bajo investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. El Ministerio Público alertó sobre presunta manipulación de pruebas y dificultades en la realización de peritajes clave. La resolución judicial busca asegurar la presencia del imputado durante el proceso y evitar riesgos de fuga u obstaculización.